Según datos del Ministerio de Energía y Minas, más de 61 mil inscritos en el Reinfo se encuentran actualmente en estado suspendido.
El reciente anuncio del Gobierno peruano sobre la depuración del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido recibido como un avance crucial por diversos actores del sector minero. Entre ellos, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, destacó la decisión como una acción largamente esperada para sanear el proceso de formalización minera y frenar la expansión de actividades ilegales amparadas por vacíos normativos.
Zegarra calificó la medida como “un paso importante”, al subrayar que el Reinfo, diseñado para incorporar a pequeños productores y mineros artesanales en el marco legal, terminó siendo utilizado por mafias para encubrir operaciones ilegales. El Decreto Supremo N°009-2025-EM establece un plazo único de 45 días para que los titulares con inscripción suspendida regularicen su situación, cumpliendo con requisitos ambientales, productivos y istrativos básicos.
El contexto no es menor. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), más de 61 mil inscritos en el Reinfo se encuentran actualmente en estado suspendido.
Esta cifra refleja no solo la magnitud del problema, sino también la urgencia de implementar filtros efectivos. Zegarra alertó que esta suspensión ha sido el refugio perfecto para redes ilegales que hoy generan impactos sociales y ambientales irreversibles en diversas regiones del país.
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Más allá de las obligaciones para los mineros inscritos, el decreto también introduce disposiciones clave para plantas de beneficio y comercializadores de minerales. Estas entidades deberán mantener registros detallados de sus transacciones, incluyendo datos de los vendedores y verificación de su vigencia en el Reinfo. Zegarra enfatizó que esta trazabilidad será esencial para evitar el “blanqueo” de minerales ilegales, una práctica recurrente en los circuitos informales.
Finalmente, el titular del IIMP instó al Gobierno a sostener la estrategia de fiscalización como parte de una política de Estado. Recordó que este es un problema estructural que ha sido postergado por décadas y que la clase política debe evitar retrocesos por cálculos de corto plazo. “La formalización minera es posible si existe voluntad y coherencia. No se trata solo de sancionar, sino de ordenar y proteger al minero que quiere trabajar dentro de la ley”, concluyó.
