Tras la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, en La Libertad, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) lanzó un contundente pronunciamiento exigiendo al Gobierno Central acciones inmediatas y estructurales frente a la violencia criminal que azota esta provincia liberteña. El crimen, atribuido a bandas vinculadas a la minería ilegal, ha sido calificado como una muestra de que el control del Estado en la zona es ya insuficiente.
Ante esta alarmante situación, la ANGR solicita la instalación de una base militar permanente en Pataz, además de la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en el lugar de los hechos. En su pronunciamiento, los gobernadores regionales advierten que este acto no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de extorsión, sicariato y enfrentamientos armados que ponen en riesgo a la población, empresas formales y la institucionalidad del país.
“La vida de los peruanos y la soberanía del Estado no son negociables”, señalaron, al exigir también la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y una investigación integral bajo el liderazgo de fiscalías especializadas, para sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de la masacre.
El documento está firmado por los gobernadores regionales de Áncash, Callao, Huánuco, Tumbes y Ucayali, quienes integran el Consejo Directivo de la ANGR. Ellos advierten que sin seguridad no habrá desarrollo sostenible en Pataz ni en otras zonas del país afectadas por las economías ilegales.
