Afirmó el presidente de la SNMPE, en el marco de la propuesta por la nueva Ley MAPE que sería presentada ante el Congreso en el transcurso de la próxima semana.
En torno a la propuesta de la nueva Ley MAPE (pequeña y mediana minería), que el Ejecutivo estima presentar en el transcurso de la próxima semana para ser revisada por el Congreso, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, lamentó que las economías ilegales tengan más que las empresas formales a tener influencia en el Parlamento.
«Es un Gobierno sin base parlamentaria y, por lo tanto, entendería yo, está en ese proceso de convencimiento para lograr de que esta ley que van a presentar la semana que viene, exactamente post-APEC, sea una ley bien recibida y finalmente aprobada. También en la causa raíz está el financiamiento de los partidos políticos», indicó.
«Un tema importante es que el financiamiento político sea también permitido para las empresas formales. Es tal el sistema que todo indica que las economías informales, las economías ilegales, tienen más que las empresas formales a tener influencia en el Parlamento», señaló.
Situación de Petroperú
Respecto al reciente nombramiento de Alejandro Narváez como presidente de Petroperú, y la posterior designación del exministro de Energía y Minas, Óscar Vera, como gerente general, el presidente de la SNMPE lamentó que dichos anuncios se hayan realizado en este contexto de Perú como sede del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).
«Es un hecho penoso, porque debió en este espacio de visibilidad del Perú en el mundo, un tema tan relevante como la política de hidrocarburos, el manejo de una empresa de la dimensión de Petroperú. Lo mínimo que hubiésemos esperado era una exposición de motivos del gobierno a escoger a personas que, desde el ámbito personal no tengo ninguna duda de su calidad como personas, pero creemos que por el desafío que enfrenta Petroperú, un desafío comercial, financiero y operativo, requiere otro perfil profesional», detalló.
«Creo que siempre los errores dan espacio para correcciones. Creo que este es el caso y el gobierno nos debe a todos una explicación, sobre todo a la ciudadanía. No nos olvidemos que es una empresa que tiene US$ 8500 millones de dólares de deuda y que se emprendió una inversión en una refinería, con una cifra que es casi un tercio de lo que finalmente ha costado».
«Por lo tanto, lo que uno espera es un grupo técnico, un directorio y una gerencia general con una mirada fresca, con una mirada, digamos, no comprometida con el pasado, que nos permite encontrar los errores cometidos y tratar de hacer las correcciones que correspondan», concluyó.
